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(San Juan -- 23 mayo 2011) En la continuación de las vistas de presupuesto, el portavoz Popular en la comisión de Hacienda de la Cámara, Luis Vega Ramos, señaló que las propias estadísticas de la Administración de Desarrollo Socioeconómico (ADSEF) demuestran que las políticas sociales y económicas de la Administración Fortuño han obligado a 100 mil nuevas familias a depender del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

 

 

Según una tabla presentada por la propia Secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, en la página 187 de su memorial explicativo se señala que el número de familias acogidas al PAN para el año 2008-09 era de 544,387 y actualmente es 643,491. 

 

 

"La Secretaria trató de justificar el aumento vertiginoso en 100,00 nuevas familias que tienen que depender del PAN, hablando de cambios a la cualificación de elegibles. Pero la realidad está ahí. Según los propios números oficiales del Departamento de Trabajo en los últimos dos años 120,000 familias han sufrido el que un miembro de su núcleo haya perdido su empleo gracias a la Ley 7 y el efecto de las demás políticas de Fortuño y el PNP sobre nuestra economía. Pueden buscar excusas para esto, pero hoy hay 100 mil familias que antes del gobierno de Fortuño no dependían del PAN y ahora sí," explicó el legislador.

 

 

También respondiendo a preguntar del legislador Popular, el Administrador de ADSEF, Esteban Pérez, admitió que el número de oficiales pagadores de dicha dependencia se ha reducido en los últimos dos años de 192 a 36. Estos pagadores son esenciales para el funcionamiento adecuado de la tarjeta del PAN y de los desembolsos del Fondo de Emergencias porque son los únicos con autoridad para activar las tarjetas electrónicas de los beneficiarios. Se supone que haya al menos dos pagadores por cada una de las 96 oficinas de servicios. Actualmente cada uno de los 36 pagadores tiene que atender un promedio de 3 oficinas, lo cual está causando dilaciones y otros problemas en los servicios.

 

 

Vega Ramos también denunció que la Administración de Desarrollo Socioeconómico (ADSEF), adscrita al Departamento de Familia (DF) le ha otorgado $15.2 millones de los $24 millones disponibles para el Programa de Empleo Subsidiado a cadenas internacionales de comida rápida. El desglose es el siguiente: $13.5 millones para Caribbean Restaurants (Burger King), $1.65 millones para Arcos Dorados PR (McDonald's) y $190 mil para la cadena Subway.

 

 

"No se justifica que usen más del 60% de los fondos para empleo subsidiado en ADSEF para beneficiar a tres mega cadenas de comida rápida. Ninguna de ellas necesita ese dinero para mantenerse en Puerto Rico. Por otro lado, los empleos que las mismas crean son de tiempo parcial, baja remuneración y cero beneficios marginales. Gran parte de las ganancias de las mismas se expatria fuera del país. La mayoría de dicho dinero debiera invertirse en empresas puertorriqueñas," añadió.

 

 

Estos se añaden a los $21,366,000 que se otorgaron en contratos en ADSEF para manejo de casos de personas desplazadas. Entre ellos, sobresale un contrato de $2.3 millones a Platinum Advisors, Corp., propiedad del exlegislador del PNP Pedro Figueroa Costas. En lo que va de administración de Luis Fortuño, dicha empresa ha obtenido contratos de gobierno ascendentes a $20 millones. Se destaca entre ellos el del fracasado proyecto "Puerto Rico Trabaja" para la sombrilla del Departamento de Trabajo.

 

 

El gasto público millonario en cadenas de comida rápida se da en momentos donde se discute la inclusión de estos establecimientos en un plan piloto llamado "Buen Provecho" (cuyo período de 6 meses finalizó) que permite que ciertos usuarios de la Tarjeta del PAN compren alimentos preparados. La Secretaria de la Familia alegó que la evaluación del pan piloto aún no concluye, por lo que no quiso emitir proyecciones sobre su expansión.

 

 

"Están abriendo una ventana enorme para beneficiar con dinero público a las franquicias de comida rápida. Mientras jurisdicciones como Nueva York buscan reducir el subsidio a estos negocios, aquí los aumentan. Preocupa más cuando sigue obteniéndose evidencia contundente de lo poco nutritiva y saludable de la comida que se sirve en los mismos. Y ni hablar de cómo el consumo de dichos productos afecta el gasto público en servicios a médico-indigentes," añadió.

 

 

El legislador también cuestionó sobre el status de la investigación contra dos funcionarios de alto nivel de Familia acusados de fomentar el pasado enero la utilización de vehículos y otros recursos oficiales para celebrar una fiesta de miembros del Partido Nuevo Progresista. La Secretaria señaló que la investigación contra John Corrales y Carmen Torres no ha concluido, sin embargo no pudo refutar el señalamiento de Vega Ramos de que ambos funcionarios han sido movidos a funciones de confianza en el propio DF, mientras continúan devengando sus respectivos salarios.

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