Legisladores Populares denuncian “efecto catastrófico” en servicios y programas por los despidos

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Varios legisladores del Partido Popular Democrático denunciaron que los 23 mil despidos en el gobierno de Puerto Rico tendrán un efecto “devastador” sobre una serie de servicios esenciales para el bienestar social, la adjudicación de derechos o controversias, la seguridad pública, la protección de recursos naturales y la recuperación económica del país.

“Cuando las cesantías entren en vigor, también habrá un efecto catastrófico sobre una serie de servicios que el gobierno le provee a la gente. Va a haber una crisis sin precedentes en los procesos adjudicativos ante las agencias, en la atención de las pensiones de nuestra niñez, en la evaluación de la permisología y la salubridad de empresas o negocios, y hasta en el funcionamiento seguro de nuestro sistema de corrección. Estamos en conteo regresivo hacia el caos,” explicó el representante Luis Vega Ramos, portavoz del PPD ante la Comisión de Hacienda.

Los legisladores presentaron un primer desglose de los puestos afectados por el plan de cesantías y de las funciones gubernamentales que se verían afectadas o, en muchos casos, detenidas. Advirtieron que, debido a lo enorme del efecto en las agencias así como al hecho de que continúan recibiendo información, este será el primero de varios informes que le darán al país. “Vamos a seguir denunciando el brutal costo social de los despidos,” añadió Vega Ramos.

Los populares señalaron que hay un patrón consistente en todas las agencias de despedir todo el personal de conserjería y mantenimiento de planta física. De igual manera, los legisladores detectaron un patrón de desmantelar todas las divisiones legales de las agencias y entregarles dichas funciones exclusivamente a contratistas privados. .

“Están despidiendo a prácticamente todos los abogados en las agencias. Esto tiene el efecto de detener todos procesos adjudicativos a nivel administrativo. Agencias como DACO, las Junta de Planes, ARPE, Recursos Naturales, DTOP, Familia, ASUME, Salud y otros se quedan sin oficiales administrativos para resolver controversias sobre permisos, derechos de consumidor, pensiones alimenticias, disciplina laboral, protección de recursos naturales o concesión de permisos. Todos los trámites adjudicativos esenciales que se encuentran ante las agencias se van a detener y el tiempo de espera ciudadana, así como la calidad misma del proceso va a empeorar enormemente, dijo Vega Ramos.

Ejemplo de esto sería la división legal del Departamento de Salud que es la que adjudica investigaciones en torno a la salubridad pública de los establecimientos de comida. De eliminarse dicha división, no habría manera de multar a los establecimientos que pongan en peligro la salud del pueblo. Igualmente si se elimina la división legal en DACO, quedarían desprotegidos los afectados por contratistas negligentes, disputas entre condóminos o comercios inescrupulosos.

Por otro lado, los legisladores advirtieron sobre los efectos en los servicios prestados por la sombrilla del Departamento de la Familia. “ASUME va a colapsar en semanas. Despidieron a 13 de los 14 abogados que representan a los menores en los casos de pensión tanto administrativamente y ante los tribunales. Despidieron a todos los traductores que son esenciales para los casos interestatales de pensión. Cesantearon a todos los alguaciles administrativos que diligencian las ordenes de los procuradores. Prescindieron de 87 de los 95 Oficiales de Pensión Alimenticia (OPA) que son los que atienden directamente a la ciudadanía y mantienen al día los expedientes de los alimentantes. Esto es una tragedia para la niñez puertorriqueña y pone en peligro los fondos federales que recibimos bajo el Título IV-D del Child Support Act,” explicó Vega Ramos.

La representante Carmen Yulín Cruz Soto añadió que “sacaron a una parte sustancial del personal de Familia que brega con el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Los abogados de ADFAN que intervienen para defender a nuestra niñez de situaciones peligrosas fueron también despedidos. Y empleados de los Centros de Envejecientes también enfrentaron una situación similar. Además de sacrificar a nuestros servidores públicos, este gobierno sacrifica el bienestar de nuestros niños y envejecientes.”

Por otro lado, los servicios de las procuradurías se reducirían gravemente. De un total de 56 empleados, en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) se despidieron 29 empleadas, eliminándose la División de Desarrollo y Monitoreo, que trabajaba con los fondos federales; Asuntos Legales; Querellas e Investigación y Legislación y Contratos. En la División de Educación y Servicios de Apoyo sólo quedaron la directora y una secretaria.

En el caso de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, se despidieron 111 empleados de un total de 124.

En la Procuraduría de Personas con Impedimentos (OPPI) despidieron a 52 empleados de 130. Entre ellos empleados con impedimentos y empleados que cobraban de fondos federales. Esto provocará el cierre de la oficina regional de Arecibo, y las operaciones en las 4 regiones restantes quedarán a menos de la mitad de eficiencia. A nivel central, se quedarán sin empleados de servicio el Programa PAIR (barreras arquitectónicas) El Programa de protección de deficiencias en el desarrollo (PADD) que atiende los casos de educación especial, quedará con solo dos empleados. Sólo habrá un oficial examinador para atender 599 casos, la mayoría de ellos educación especial. El programa de acceso al voto al impedido quedó sin personal y sin supervisor (JAVA) y se quedó sin empleados el programa de protección de beneficiarios del seguro social (PABBS). Todo esto afectará negativamente los más de 5 mil casos que se atienden por año.

Una situación similar será enfrentada por la Oficina de Comunidades Especiales que verá desaparecer un 90% de su plantilla laboral, junto con la mayoría de sus oficinas regionales y la totalidad de sus servicios comunales.

"Este es un acto concertado de la administración de Fortuño de limitar los derechos que ha adquirido un amplio sector de nuestra población a quienes se ha mantenido marginado y discriminado por mucho tiempo. Hoy, los adelantos que se han hecho para protegerlos, han quedado atrás", apuntó la representante Cruz.

El Consejo de Educación Superior perderá a 27 de sus 57 empleados. Esto implicará que se verá imposibilitado de procesar y entregar los 25 millones de dólares a estudiantes de universidades privadas y tampoco tendrá personal de campo para atender la acreditación de estas instituciones. De igual manera, el Consejo General de Educación se verá imposibilitado por las cesantías de conducir la acreditación de las escuelas privadas.

“Estos despidos afectan la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes y su acceso a becas universitarias. Como podemos aspirar a desarrollo económico desamparando nuestra educación. Y no hablemos de cómo el desmantelamiento de la división legal de Educación empeorará servicios y otros programas,” indicaron en conferencia de prensa.

Otra de las áreas cuyo funcionamiento se ve seriamente afectado es la sombrilla de Corrección. Entre los 597 despedidos se encuentran técnicos de records de confinados, lavandería, cocina, evaluación de remedios administrativos, aquellos que supervisan y facilitan el depósito de dinero de familiares, así como los que administran las comisarías para las compras de los confinados. También se encuentran la dirección y subdirección de la Oficina de Ingeniería que monitorea la infraestructura, el mantenimiento y la salud ambiental de las facilidades penales. Esta oficina es una requerida por el caso Morales Feliciano.

“Estos despidos atentan contra la estabilidad misma de nuestras cárceles. Además, la cantidad de los despidos en la Administración de Instituciones Juveniles es particularmente preocupante,” afirmaron.

En el caso de Manejo de Emergencias se despidieron cerca de 30 empleados estatales y federales (de un total de 153 empleados en la agencia), entre ellos personal gerencial (director de recursos humanos y gerente de sistemas de información) y personal unionado.

La particularidad de esta agencia es que a pesar de que muchos hacen trabajo administrativo, en situaciones de emergencia éstos llevan a cabo una segunda función. Muchos de los empleados administrativos dejan de hacer sus funciones para convertirse en manejadores de emergencia, como ejemplo trabajar en el Centro de Operaciones de Emergencia, en Control Estatal, hacer compras de emergencia, entre otras cosas.

Otras amenazas sobre el funcionamiento de entidades de Justicia son los despidos en el Departamento de Justicia. En la división de Litigaciones, se despidió a gran parte del personal de apoyo de los abogados. Esto hace la carga de trabajo de los mismos una más pesada. En el Instituto de Ciencias Forenses despidieron a 47, incluyendo a la totalidad del personal de limpieza y mantenimiento, lo cual podría ser particularmente problemático para una agencia que alberga muestras orgánicas y cadáveres.

Los casi 300 despidos en el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) incluyen oficiales de permisos, biólogos y técnicos. “Esto afectará la evaluación de los casos de permisos pendientes o impacto ambiental en la Secretaria Auxiliar de Permisos la redacción de propuestas para investigación y nuevas facilidades de pesca recreativa o torres de observación de aves. Se desmantelará el Programa de Recuperación de la Cotorra Puertorriqueña. No habrá personal para velar por las franquicias de agua, por el cobro de las deudas del DRNA, por los permisos solicitados o para el manejo de bosques,” explicaron.

De otra parte, los representantes advirtieron que los despidos afectarán el funcionamiento de la Administración de Servicios Generales (ASG). “Hay reducciones de personal en el Registro de Licitadores que es el corazón de ASG. Además en el área de compras, despidieron personas incluyendo a la única analista de especificaciones que quedaba. Sin ella es imposible diseñar las subastas”, añadieron.

Finalmente denunciaron que los despidos en el Instituto de Cultura Puertorriqueña pondrán en riesgo el patrimonio cultural de nuestro Pueblo. “La colección Nacional va quedar desprovista de supervisión, poniéndola en grave peligro. En igual circunstancia quedan varios museos a través de todo el país. Estos despidos atentan contra tesoros de nuestro pueblo cuyo valor es incalculable. Es imperdonable”.

“Estos despidos nos afectan a todos. Nuestra sociedad se empobrecerá en maneras insospechadas por el pueblo. Por eso, más allá de la justa solidaridad con los despedidos, todos tenemos que levantarnos para defender a Puerto Rico de los peligros que impulsa el gobierno de Luis Fortuño,” concluyó Vega Ramos.