Capitolio, San Juan (15 de junio de 2009) – Los representantes del Partido Popular Jaime Perelló y Carmen Yulín Cruz Soto se vieron precisados, nuevamente, a acudir al tribunal ante la insistencia de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de negarse a ofrecerles información pública que hace meses están solicitando y pidieron al juez Carlos Dávila Vélez que mantenga su sentencia que obliga a la OGP a proceder de esa forma.
Los representantes dieron a conocer hoy la moción que presentaron al juez oponiéndose a la solicitud de la OGP para que el juez Dávila Vélez deje sin efecto su sentencia y argumentaron que en la única instancia en la que el juez debe reconsiderar su decisión es en la referente a la certificación del déficit gubernamental. En este punto, el juez declaró académica la solicitud de los representantes. Los legisladores sostienen, sin embargo, que la comunicación sobre el déficit remitida a la Asamblea Legislativa por la Directora Ejecutiva de la OGP, María Sánchez Brás, y que entregó el Gobernador Fortuño el día que presentó el presupuesto para el próximo año fiscal, es incorrecta y no responde al requerimiento de información hecho.
Además, Perelló y la representante Carmen Yulín Cruz Soto, dieron a conocer una nueva comunicación cursada hoy a la Directora de la OGP, solicitándole que les entregue copia de los informes que se supone hayan rendido las agencias de gobierno –según dispuesto en el artículo 36.04 de la Ley 7- antes de poner en vigor la segunda fase de cesantías y despidos de empleados públicos.
Específicamente, solicitaron en esta carta copia de los siguientes informes y pidieron que se los hagan llegar en un término de diez días:
1. La información entregada por las agencias a la OGP sobre las economías logradas al implementar los retiros y/o renuncias incentivados.
2. Copia de la certificación que la OGP preparó y entrego a JREF sobre dichas economías.
3. Copia de la certificación que la OGP preparó y entregó a JREF sobre la economía proyectada producto de la implementación de la fase de despidos.
4. Copia de la certificación que la OGP preparó y entregó a JREF, y a ambos Presidentes de los Cuerpos Legislativos recomendando la implementación de la fase de despido de empleados públicos.
“Toda esta información debe estar disponible para nuestro examen legislativo por que es la propia Ley 7 la que la exige. Confío en que la recibiremos a la brevedad posible ya que la misma debe estar ya recopilada, según exige la ley, y debe haber sido remitida a los presidentes de los Cuerpos Legislativos y a JREF con anterioridad a la fecha en que Fortuño anunció los despidos”, dijo Perelló.
"El gobernador debe asumir su responsabilidad y no esconderse detrás de estrategias legales para negarle información al pueblo de Puerto Rico. Después de todo, la información que nos niegan, debería dar fe de la veracidad de la posición del gobierno. No será que este gobierno sabe que esta manipulando los números para darle paso a los despidos necesarios para sustentar la privatización masiva del gobierno", cuestionó por su parte, Carmen Yulín Soto al advertir que el que no tiene hecha no tiene sospecha.
Sobre la moción judicial, el documento pide al juez que mantenga vigente la sentencia emitida ordenando a la Directora de la OGP que provea en 10 días a los co-demandantes la información pública relacionada a las solicitudes de las agencias de autorización para la creación de nuevos puestos o para llenar vacantes y la determinación de la OGP sobre éstas, los informes que le rindan las agencias sobre los puestos de confianza eliminados y el ahorro que les representa; y la reducción de los gastos operacionales de las agencias.
Y pide, específicamente que “reconsidere únicamente para ordenar a la Directora de la OGP que entregue sin mas dilaciones la certificación del déficit del año 2008-2009 a la parte demandante, cumpliendo así la obligación que le impone el ordenamiento jurídico”.
Los legisladores sostienen en la moción que el juez erró al desestimar por académica la solicitud de certificación del déficit gubernamental, porque la carta sometida es incorrecta.
“El fundamento para ello estriba en que en la misma se están mezclando tres tipos de déficits distintos en aras de poder incrementarlo. Es importante destacar que no estamos refutando el hecho de que existe un déficit, sino que la cantidad que le están presentando a la Asamblea Legislativa y al Pueblo de Puerto Rico no es correcta. Dicha cantidad toma relevancia ya que ha sido incluida en todas las medidas legislativas presentadas por esta administración como fundamento para despedir empleados públicos:, dice textualmente la moción.
“Para entender las razones por las cuales dicha certificación es una errada, estimo necesario definir los distintos tipos de déficit…”, agrega el documento legal y explica lo siguiente:
• El déficit presupuestario se refiere a la situación donde se proyecta que al final de cierre del año fiscal los gastos excedieron los ingresos proyectados.
• El déficit de caja o efectivo se refiere al resultado del análisis de la diferencia entre el flujo de efectivo y los desembolsos incurridos por el gobierno.
• El déficit estructural se refiere a la diferencia entre los ingresos recurrentes y gastos recurrentes para un año fiscal dado.
En una carta enviada a principios de junio a la Directora Ejecutiva de la OGP, y que los legisladores populares solicitaron al juez que tome en cuenta, se indica que la certificación presentada “pretende certificar el Déficit Estructural del Fondo General para el año fiscal 2008-2009”, pero para cumplir con dicho propósito “debió contener única y exclusivamente aquellos ingresos recurrentes y gastos recurrentes con cargo al Fondo General para dicho año fiscal”.
“Nótese, a modo de ejemplo, que en la certificación incluyeron como una partida de gastos del Fondo General el pago de servicio de deuda del Fondo de Mejoras Permanentes por una cantidad de $175 millones, el cual se supone sea pagado con el Fondo de Mejoras Permanentes y no con recursos del Fondo General”, advierte la carta de junio, que señala otros ejemplos de errores en el computo del número final del déficit.
“Por todo lo antes expuesto le solicitó que de conformidad con lo antes esbozado, y teniendo presente las definiciones de los tres tipos de déficit, proceda a emitir dos certificaciones. Una que contenga el verdadero déficit estructural y otra que contenga el déficit presupuestario real. Estamos conscientes que al utilizar los conceptos de la manera correcta, el verdadero déficit para el actual año fiscal será menos de la mitad del déficit que ustedes están certificando y de esta manera tendremos un panorama real del cuadro fiscal del Gobierno, lo que nos permitirá tomar medidas acertadas para atender los asuntos fiscales del Gobierno, sin despedir empleados públicos”, dice la misiva.
“Es verdaderamente inaudito e injustificado que tengamos que seguir recurriendo al tribunal para que la OGP cumpla con su deber ministerial de proveer la información que hemos pedido. El gobernador Fortuño y sus funcionarios no hacen otra cosa que levantar sospechas cuando actúan de esta manera”, dijo la representante Carmen Yulín Cruz Soto.
“No vamos a parar hasta que la información sea provista y sea provista correctamente. Miles de padres y madres de familias que han sido despedidos se merecen que demos esta batalla porque ahora mismo, están en la calle a base de mentiras y falsedades”, dijo Perelló.
La representante Carmen Yulín Cruz Soto recordó que en la Comisión de Hacienda el Secretario de Hacienda admitió que desconocía que uno de los renglones de la alegada certificación estaba inflado por, aproximadamente, $14.5 millones y la Directora Ejecutiva de la OGP admitió que de las cantidades desglosadas en el déficit no se iba a pagar en este año fiscal. “Esta admisión de estos funcionarios –dijo la representante- es suficiente para que el pueblo se cuestione si hay otros renglones que están inflados, duplicados o si han sido manipulados para conveniencia política de los argumentos del Gobernador".
Además, Perelló y la representante Carmen Yulín Cruz Soto, dieron a conocer una nueva comunicación cursada hoy a la Directora de la OGP, solicitándole que les entregue copia de los informes que se supone hayan rendido las agencias de gobierno –según dispuesto en el artículo 36.04 de la Ley 7- antes de poner en vigor la segunda fase de cesantías y despidos de empleados públicos.
Específicamente, solicitaron en esta carta copia de los siguientes informes y pidieron que se los hagan llegar en un término de diez días:
1. La información entregada por las agencias a la OGP sobre las economías logradas al implementar los retiros y/o renuncias incentivados.
2. Copia de la certificación que la OGP preparó y entrego a JREF sobre dichas economías.
3. Copia de la certificación que la OGP preparó y entregó a JREF sobre la economía proyectada producto de la implementación de la fase de despidos.
4. Copia de la certificación que la OGP preparó y entregó a JREF, y a ambos Presidentes de los Cuerpos Legislativos recomendando la implementación de la fase de despido de empleados públicos.
“Toda esta información debe estar disponible para nuestro examen legislativo por que es la propia Ley 7 la que la exige. Confío en que la recibiremos a la brevedad posible ya que la misma debe estar ya recopilada, según exige la ley, y debe haber sido remitida a los presidentes de los Cuerpos Legislativos y a JREF con anterioridad a la fecha en que Fortuño anunció los despidos”, dijo Perelló.
"El gobernador debe asumir su responsabilidad y no esconderse detrás de estrategias legales para negarle información al pueblo de Puerto Rico. Después de todo, la información que nos niegan, debería dar fe de la veracidad de la posición del gobierno. No será que este gobierno sabe que esta manipulando los números para darle paso a los despidos necesarios para sustentar la privatización masiva del gobierno", cuestionó por su parte, Carmen Yulín Soto al advertir que el que no tiene hecha no tiene sospecha.
Sobre la moción judicial, el documento pide al juez que mantenga vigente la sentencia emitida ordenando a la Directora de la OGP que provea en 10 días a los co-demandantes la información pública relacionada a las solicitudes de las agencias de autorización para la creación de nuevos puestos o para llenar vacantes y la determinación de la OGP sobre éstas, los informes que le rindan las agencias sobre los puestos de confianza eliminados y el ahorro que les representa; y la reducción de los gastos operacionales de las agencias.
Y pide, específicamente que “reconsidere únicamente para ordenar a la Directora de la OGP que entregue sin mas dilaciones la certificación del déficit del año 2008-2009 a la parte demandante, cumpliendo así la obligación que le impone el ordenamiento jurídico”.
Los legisladores sostienen en la moción que el juez erró al desestimar por académica la solicitud de certificación del déficit gubernamental, porque la carta sometida es incorrecta.
“El fundamento para ello estriba en que en la misma se están mezclando tres tipos de déficits distintos en aras de poder incrementarlo. Es importante destacar que no estamos refutando el hecho de que existe un déficit, sino que la cantidad que le están presentando a la Asamblea Legislativa y al Pueblo de Puerto Rico no es correcta. Dicha cantidad toma relevancia ya que ha sido incluida en todas las medidas legislativas presentadas por esta administración como fundamento para despedir empleados públicos:, dice textualmente la moción.
“Para entender las razones por las cuales dicha certificación es una errada, estimo necesario definir los distintos tipos de déficit…”, agrega el documento legal y explica lo siguiente:
• El déficit presupuestario se refiere a la situación donde se proyecta que al final de cierre del año fiscal los gastos excedieron los ingresos proyectados.
• El déficit de caja o efectivo se refiere al resultado del análisis de la diferencia entre el flujo de efectivo y los desembolsos incurridos por el gobierno.
• El déficit estructural se refiere a la diferencia entre los ingresos recurrentes y gastos recurrentes para un año fiscal dado.
En una carta enviada a principios de junio a la Directora Ejecutiva de la OGP, y que los legisladores populares solicitaron al juez que tome en cuenta, se indica que la certificación presentada “pretende certificar el Déficit Estructural del Fondo General para el año fiscal 2008-2009”, pero para cumplir con dicho propósito “debió contener única y exclusivamente aquellos ingresos recurrentes y gastos recurrentes con cargo al Fondo General para dicho año fiscal”.
“Nótese, a modo de ejemplo, que en la certificación incluyeron como una partida de gastos del Fondo General el pago de servicio de deuda del Fondo de Mejoras Permanentes por una cantidad de $175 millones, el cual se supone sea pagado con el Fondo de Mejoras Permanentes y no con recursos del Fondo General”, advierte la carta de junio, que señala otros ejemplos de errores en el computo del número final del déficit.
“Por todo lo antes expuesto le solicitó que de conformidad con lo antes esbozado, y teniendo presente las definiciones de los tres tipos de déficit, proceda a emitir dos certificaciones. Una que contenga el verdadero déficit estructural y otra que contenga el déficit presupuestario real. Estamos conscientes que al utilizar los conceptos de la manera correcta, el verdadero déficit para el actual año fiscal será menos de la mitad del déficit que ustedes están certificando y de esta manera tendremos un panorama real del cuadro fiscal del Gobierno, lo que nos permitirá tomar medidas acertadas para atender los asuntos fiscales del Gobierno, sin despedir empleados públicos”, dice la misiva.
“Es verdaderamente inaudito e injustificado que tengamos que seguir recurriendo al tribunal para que la OGP cumpla con su deber ministerial de proveer la información que hemos pedido. El gobernador Fortuño y sus funcionarios no hacen otra cosa que levantar sospechas cuando actúan de esta manera”, dijo la representante Carmen Yulín Cruz Soto.
“No vamos a parar hasta que la información sea provista y sea provista correctamente. Miles de padres y madres de familias que han sido despedidos se merecen que demos esta batalla porque ahora mismo, están en la calle a base de mentiras y falsedades”, dijo Perelló.
La representante Carmen Yulín Cruz Soto recordó que en la Comisión de Hacienda el Secretario de Hacienda admitió que desconocía que uno de los renglones de la alegada certificación estaba inflado por, aproximadamente, $14.5 millones y la Directora Ejecutiva de la OGP admitió que de las cantidades desglosadas en el déficit no se iba a pagar en este año fiscal. “Esta admisión de estos funcionarios –dijo la representante- es suficiente para que el pueblo se cuestione si hay otros renglones que están inflados, duplicados o si han sido manipulados para conveniencia política de los argumentos del Gobernador".
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