El representante Popular Luis Vega Ramos denunció que el gobierno de Luis Fortuño acaba de ampararse en la controversial Ley 7 para negarle el aumento automático por años de servicio (trienio) a miles de empleados públicos con derecho al mismo. Como evidencia presentó copia del Memorando Especial 20011-39 emitido el 15 de diciembre del corriente por el director de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), Samuel G. Dávila Cid, en el que se determina dejar sin efecto el aumento automático de 5% concedido por años de servicio establecido por la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004.

Dicho memorando se ampara en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 para concluir lo siguiente:

"De lo antes expresado, se resume que el cómputo del término de tres (3) años para el aumento de sueldo por años de servicio se detuvo el 8 de marzo de 2009, reanudándose el cálculo a partir del 9 de marzo de 2011".

"A base de las consideraciones expuestas, el procedimiento para determinar la fecha de efectividad del aumento de sueldo por años de servicios es el siguiente:

1. Computar el tiempo transcurrido en días calendario, hasta el 8 de marzo de 2009, conforme a lo dispuesto en la Carta Normativa Núm. 1-2008.
2. Reanudar el cómputo en días calendario, desde el 9 de marzo de 2011 hasta contabilizar el término de tres (3) años".

"En vísperas de la Navidad, Luis Fortuño le regala a los servidores públicos otra mala noticia. Más de tres años después de su aprobación, Fortuño sigue valiéndose de la Ley 7 para quitarle dinero del bolsillo a decenas de miles de empleados públicos. No le basta con despedir 30,000 de ellos, con haberles impuesto 900 millones en 12 nuevas contribuciones, ahora también le quiere negar a los sobrevivientes de los despidos masivos el aumento de 5% que la Ley 184 les garantiza. Y mientras eso pasa, los contratos multimillonarios allegados al gobierno continúan con desenfreno", señaló Vega Ramos.

El también portavoz PPD en la Comisión de Hacienda de la Cámara denunció además, que la directríz demuestra el fracaso de la Ley 7. "Alegaron que con los despidos, los impuestos y los préstamos impulsados por la Ley 7 y otras, las finanzas del gobierno se estabilizarían y la economía repuntaría. Nada de eso pasó y todavía le siguen quitando derechos y dinero a los empleados públicos. Ahora este nuevo castigo viene a aguarle la Nochebuena a miles de familias puertorriqueñas. Y lo peor del caso es que el Memorando Especial no alega dificultades fiscales para negar el aumento automático. Lo que alegan es que la Ley 7 lo prohibe. De ser así, lo único que tenían que hacer era enmendarla. Esto es injusto y abusivo", concluyó Vega Ramos.