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"La situación de la Policía es una caótica. Tras año y medio de mandato, Figueroa Sancha aún no tiene un plan anti-crímen coherente. Los asesinatos, y otros delitos violentos, están en ascenso vertiginoso y los niveles de inseguridad ciudadana son los más altos en años. Y mientras eso pasa, el Superintendente continúa a los jefes de regiones constantemente, en algunos casos como el de José Caldero como castigo por haber denunciado los efectos reales de la Ley 7 en la Uniformada. Estos constantes cambios han fomentando inestabilidad en el funcionamiento de la agencia," explicó el senador Tirado, portavoz PPD en la Comisión de Hacienda del Senado.

Vega Ramos, por su parte, señaló que: "La falta de dirección de Figueroa Sancha y los recortes drásticos en el presupuesto, tienen desmoralizados a los agentes del orden público. El año pasado le quitaron as la Policía 168 millones de dólares. Este año le quitarán 137 millones más. Y en vez de tener cientos de agentes ofreciendo seguridad a la ciudadanía, los tienen haciendo las funciones administrativas de de los empleados civiles despedidos."

Los legisladores criticaron la pobre utilización de fondos en asuntos improductivos. En particular cuestionaron el gasto de 1.2 millones de dólares mensuales en la activación de la Guardia Nacional para acompañar en el patrullaje a la Policía y los 1.5 millones que el propio Superintendente le admitió al Senado que se han gastado e el operativo del la Fuerza de Choque para reprimir a los estudiantes de la UPR. Señalaron que ambos gastos eran "injustificables".

Vega Ramos, también portavoz Popular den la Comisión de Hacienda cameral, advirtió al Superintendente que acuda preparado a la próxima vista de presupuesto a celebrarse mañana. "Espero que Figueroa Sáncha no se esconda detrás de vídeos o toallazos de la mayoría PNP. Que venga listo para contestar preguntas. Tiene muchas explicaciones que dar por su gestión fracasada y espero que no salga huyendo como hizo en el Senado," añadió.

Por otro lado, los legisladores también denunciaron una situación de manejos impropios y dejadez administrativa en el Colegio de Justicia Criminal (CJC). Señalaron que hay personas y compañías prestando servicios sin contrato, contrario a las normas establecidas por el Contralor. Entre ellas mencionaron:

1. Betty García- Global Inc. Se encuentra desarrollando propuestas federales. Tiene oficina y acceso a información. Gana $60,000

2. Eko Inc. – Servicios publicitarios. En este caso no se evaluó ninguna otra propuesta y de hecho la propuesta presentada es sumamente escueta.

3. Gustavo Alvarez (Asesor Legal) Se encuentra trabajando sin contrato. Gana $76,000. Tiene oficina y utiliza equipo del Colegio.

Además, existen al dos miembros de la Junta del CJC, que tienen vínculos profesionales con las instituciones bancarias en las que esa misma junta decidió depositar los fondos de la institución. Se trata del Sr. Víctor Díaz, quien tiene relación profesional con el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) y el Sr. Juan B. De la Cruz, con Doral/Oriental.

La rectora del CJC, Zulma Méndez Ferrer, solicitó y obtuvo del First Bank una tarjeta de crédito comercial a nombre de la institución y acordó que

ella sería la beneficiaria del programa de incentivos que concede la tarjeta por su uso. Esto podría constituir una violación a la Ley de Etica Gubernamental.

Los legisladores también publicaron una carta del 13 de abril del 2010 dirigida a la Rectora Méndez Ferrer haciendo denuncias en relación a la comida e higiene del comedor del CJC. En la misma se relatan varios incidentes en donde cadetes han sido diagnosticados con virus y otros que se niegan a comer en las facilidades debido a la falta de higiene en la misma que ha resultado a su vez en varios casos de cadetes hospitalizados.

Vega Ramos adelantó que confrontará a la Rectora del CJC sobre estos asuntos en la vista pública de mañana, ya que por la terminación abrupta de la vista senatorial se impidió que el Senador Tirado interrogara a la funcionaria.