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(El Capitolio)  Los representantes Vega Ramos y Charlie Hernández denunciaron que mientras la presente administración incrementa su acción mediática para convencer la opinión pública sobre el éxito de su plan anticrimen, la administración Fortuño ha adoptado un plan para reducir la sentencia y liberar a convictos de alta peligrosidad.

Bajar evidencia

Los legisladores denunciaron que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) está implantando la reglamentación que viabiliza la reducción de la sentencia a convictos de delitos graves en contra de la vida e integridad humana.  Hicieron públicos memorandos internos donde se detalla el plan gubernamental para reducir sentencias a miles de confinados sin tomar en consideración la peligrosidad social que represente la liberación del confinado.

“Estas nuevas bonificaciones que el DCR está concediendo, demuestran la gran hipocresía de este gobierno y la Legislatura al decir que luchan intensamente contra el crimen.  Lo que hemos visto en las últimas semanas es un operativo publicitario para encubrir la concesión de bonificaciones a asesinos, secuestradores, violadores y otros delincuentes peligrosos.  Los que acusaban falsamente a las administraciones del PPD de aprobar leyes de incentivos criminales, ahora esconden la legislación de privilegio a los delincuentes convictos,” explicó Vega Ramos.

 “Cuando firmó la ley que autoriza la reducción de las sentencias, Fortuño aseguró al país que no se beneficiarían confinados de máxima seguridad.  La evidencia que hemos presentado hoy demuestra que eso es falso y que la administración Fortuño está reduciendo la sentencia y liberando a todo tipo de confinado incluyendo a aquellos que tienen sentencias por delitos de alta peligrosidad social” indicó Hernández.

Los representantes presentaron copia de expresiones del gobernador Fortuño publicadas el pasado 16 de enero en las que afirma: “Sólo un grupo mínimo de aquellos que están en las cárceles pueden participar en este programa y son realmente los de custodia mínima, aquellos que son peligrosos no pueden participar.”

El representante Hernández López denunció que “la aprobación de la Ley 208 permite la reducción de entre sesenta (60) y ochenta y cuatro (84) días anuales de prisión a la sentencia de los confinados del país.  La referida ley aumenta la bonificación entre cinco (5) y siete (7) días mensuales para aquellos convictos que participen en programas de educación o trabajo.  Contrario a lo expresado por Fortuño, ni la Ley 208, ni el memorando de instrucciones para su implantación limitan los delitos por los que se podrá reducir la sentencia y todas las bonificaciones concedidas por esta ley serán retroactivas al 1 de mayo 2005 garantizando una inexplicable reducción retroactiva de 361 días de cárcel.”

Los representantes presentaron varios ejemplos de cómo se estarán afectando las nuevas bonificaciones  a las sentencias bajo el nuevo Código Penal:

 Sentencia   Bonificación   Reducción
 1 año     60 días    10 meses
 5 años    13 meses   3 años y 11 meses
 10 años   27 meses   7 años y 9 meses
 20 años   55 meses   15 años y 6 meses

Por otra parte, Vega Ramos denunció que el memorando del DCR, fechado el 1 de marzo del corriente, para implantar las bonificaciones concedidas por la Ley 44 del 2009 están beneficiando a ciento cuarenta y siete (147) convictos a penas de noventa y nueve años (99) o más bajo el antiguo Código Penal de 1974. “El gobernador Fortuño firmó una ley que específicamente bonificará a casi 150 convictos de asesinato, secuestro, violación y otros que purgan sus penas en nuestro sistema correccional.  Entre ellos hay convictos que actualmente se encuentran en instituciones de seguridad máxima.” 

“¿Cómo puede Fortuño alegar que está persiguiendo a los delincuentes con la mayor severidad mientras pone en vigor una ley hecha a la medida de 147 condenados a a sentencias de 99 años o más?, ¿A quién se complace con la adopción de esta medida? Es obvio que hay una gran distancia entre lo que el gobernador le quiere vender a los medios con su participación mediática en los operativos y las políticas que impulsa para beneficiar a convictos de delitos muy serios,” señaló   Vega Ramos.