El reciente acuerdo entre la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la aseguradora Triple-S para adoptar un nuevo modelo de contratación donde la aseguradora sólo administrará el plan, y el Gobierno pagará directamente a los proveedores, confirma que la administración Fortuño al fin comienza a darle la razón al representate Popular Luis Vega Ramos en que la única manera de salvar dicho programa es a través de un sistema de pagador único.

"Dos años y medio tarde, el gobierno tuvo que darnos la razón de cómo comenzar a arreglar el desastre de la reforma de la tarjeta, ahora conocida como Mi Salud. Al contratar a Triple-S sólo para los procesos administrativos de las 850 mil vidas ya puestas en riesgo y retener en el gobierno el deber de administrar los cientos de millones de dólares destinados a la salud de dichos ciudadanos, Fortuño admite que el plan que presentamos en el 2009, con el P. de la C. 890, es la única manera de salvaguardar el atribulado modelo de salud. Es hora que aprueben dicho proyecto y movamos la totalidad de este servicio en la ruta del pagador directo. Emplazo a la Presidenta de la Cámara, Jenniffer González, a que deje de arrastrar los pies y apruebe el proyecto ya", dijo Vega Ramos.

El P. de la C. 890 que añade un nuevo inciso (7) al Artículo IX de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como la "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de realizar por etapas los cambios administrativos y reglamentarios que fueren necesarios para que, en un período no mayor de dos años, la totalidad del sistema de servicios de salud a pacientes médico indigentes opere mediante un sistema de contratación directa con todos los proveedores de servicios de salud. Bajo dicho esquema, ASES sólo podría contratar con aseguradoras para realizar ciertas tareas administrativas sin que eso conlleve que éstas tengan control fiscal sobre el programa. El mismo no ha recibido ninguna consideración legislativa de la Cámara desde su presentación.

"Su fracaso con Mi Salud los ha llevado a tímidamente adoptar un esquema de pagador directo para parte del programa. Ahora hay que legislar dicho cambio para extenderlo a la totalidad de los pacientes del programa y para que sea definitivo e irreversible. Es hora que el gobierno retome el control absoluto de la chequera de $2,000 millones anuales de fondos públicos destinados a nuestra población médico indigente y que los administren con eficiencia y con el sentido de responsabilidad social que una empresa con fines de lucro no puede," concluyó Vega Ramos.