El 9 de mayo del 2008, EL VOCERO publicó una entrevista al ex gobernador Pedro Rosselló. En ella señaló que de ganar Luis Fortuño las elecciones, se establecería “un tipo de gobierno corporacionista,” que beneficiaría a los de arriba y desprotegería a los “vulnerables”. Tras ocho meses de gestión fortuñista, quedan corroboradas las premoniciones de Rosselló.

El ex presidente del PNP aseveró que si se adoptaban las medidas de “corte republicano” impulsadas por Fortuño “esto podría convertirse en una bomba de tiempo.” Añadió que “si lo permitimos, ésta es la materia prima para una revolución, que no ha sucedido porque tenemos en la emigración a Estados Unidos una válvula de escape, pero no dejan de ser un peligro para la estabilidad social.”

Dejando a un lado el debate sobre la emigración a Estados Unidos, en lo demás tenemos que darle la razón a Rosselló. Admito que eso me da escalofríos. Pero ahí están los datos.

El “gobierno corporacionista” es una realidad. Tras el protagonismo del CAREF, surgieron las  alianzas público-privadas, prestas a poner en manos cercanas al gobernador los más valiosos recursos del gobierno. Junto a ellas, ya se ven los millonarios contratos a los bufetes corporativos, a publicistas, ex políticos y otros allegados. Todo esto mientras se le imparte “medicina amarga” al pueblo. Y vienen de camino la oficina para facilitar permisos y la consolidación en masa de agencias como la Autoridad de Tierras y la Administración de Terrenos, lo que aceleraría la entrega de nuestros restantes terrenos agrícolas a los desarrollistas.

Las áreas fundamentales de la gestión pública son: salud, educación, seguridad y economía. En todas, como dijo Rosselló, el gobierno de Fortuño ha lanzado “una bomba de tiempo” que es “un peligro para la estabilidad social.”

En Salud se ha visto como la obsesión partidista, el revanchismo y el primer gran atisbo de corrupción son el saldo del período. Cinco secretarios de Salud, exigencias de favores políticos al Dr. Rivera Dueño, el castigo al Dr. Johnny Rullán, la ocultación de los datos del AH1N1 y el debate sobre si puede haber un titular de Salud a tiempo parcial, son sólo algunas de las dolencias que aquejan a esta dependencia.

Y la renuncia del fugaz secretario González Cancel destapó la noticia de que asesores del gobernador están vinculados a un esquema de favoritismo para otorgarle a una compañía de seguros millonarios contratos de la Reforma de Salud.

En Educación, se retrasó el inicio del año académico. La razón: el pésimo estado de las escuelas. Cuando finalmente comenzó el semestre, casi 300 escuelas, el equivalente a una cuarta parte del sistema, no abrieron. Esto a pesar de que dijeron que la Ley 7 no se afectaría la educación, nos enteramos del despido de cientos de conserjes, cuyo trabajo es precisamente procurar que las facilidades educativas estén aptas.

Para colmo de males, el Secretario de Educación admite (contrario a lo que dijo en la vista de presupuesto) que no tiene dinero para operar el sistema y afirma con tranquilidad que el país no tiene política educativa porque se le vendió a los americanos a cambio de fondos federales.

Mientras, el crimen nos azota. Los asesinatos y otros delitos violentos están en ascenso. La ciudadanía --y la propia Policía-- sentimos la mayor inseguridad en décadas. El gobierno responde recortando cientos de millones de dólares al presupuesto de vigilancia e investigación criminal. El Superintendente, cuya experiencia en el FBI se publicitó como la mejor carta anti-crimen, se canta incapaz de detener la ola de muertes resultantes del narcotráfico. Y advierte que las cosas empeorarán.

De la economía, ni hablar. 507 millones de dólares en 12 nuevos impuestos, incluyendo la duplicación de la contribución sobre las residencias familiares. Las primeras oleadas de, al menos, 30 mil despidos innecesarios en el gobierno impactan a la sociedad. Y van a derogar la Ley de Cierre para asfixiar al pequeño comerciante y beneficiar a las grandes cadenas que sacan sus ganancias del país.

El Secretario del Trabajo confirmó que el número de personas desempleadas está en 219,000, aumentando la tasa de desempleo a 16.5%, la más alta en 16 años. Las quiebras han subido en un 23%. Las ventas de autos han bajado en 23% y las de casas nuevas en 33%. Esto ha llevado al Presidente de la Junta de Planificación, que en febrero pronosticaba con bombos y platillos un crecimiento económico de un 0.1%, a revisar su estimado. Ahora dice que “nuestros análisis muestran que hemos tocado fondo con un decrecimiento de 5.5%.” La razón para ese fallo es sencilla: no se tomaron en cuenta la Ley 7, los despidos, los nuevos impuestos y el castigo al empresario boricua por parte de esta administración.

Finalmente, el país está horrorizado ante las expresiones del director de la “Riviera del Caribe” a la gente de Ceiba.  Con la arrogancia de quien se cree superior por tener dos pesos en el bolsillo, Jaime García justificó una marina exclusiva diciendo: "Sería para darle acceso a esas personas más agraciadas que ustedes y yo que tienen unos yates de 50 pies que atracan aquí y están par de horas. Pero no se preocupen, no se preocupen por eso. No todo el mundo tiene derecho a eso, sigan jugando a la Loto, a la Revancha, lo que sea que quizá alguno de ustedes se podrá comprar una lanchita de esas."

Ese es el cuadro tétrico que vivimos bajo Luis Fortuño. No hay una sola área de nuestra vida colectiva que esté mejor que hace un año atrás. Y a los que gobiernan no les importan los padecimientos de los “no agraciados.”

Por eso, mientras escuchaba las propuestas superficiales del gobernador Fortuño en su reciente mensaje, tuve que recordar las palabras de Pedro Rosselló del año pasado: “esto podría convertirse en una bomba de tiempo.... si lo permitimos, ésta es la materia prima  para una revolución.... un peligro para la estabilidad social.”

A pesar de todo, Rosselló tenía razón.