La reforma contributiva a aprobarse debe beneficiar a los que realmente la necesitan, y a aquellos sectores empresariales que promoverán la reactivación de nuestra economía mediante la reinversión agresiva en Puerto Rico de sus ganancias exentas.

Los recursos del Gobierno de Puerto Rico son limitados y, por tal razón, no se puede cometer el error de beneficiar a aquellos individuos y corporaciones que generando ingresos sustanciales, no los reinvierten en la economía del país. Esta reforma, sí además de hacer justicia, quiere reactivar nuestra economía, tiene que terminar con el trato preferente a las empresas que sacan sus multimillonarias ganancias del país y que sólo generan empleos de medio tiempo y sin beneficios marginales.
La propuesta del PNP de reducir las tasas contributivas en todos los sectores de la economía, incluyendo a las grandes corporaciones que exportan ganancias y a los individuos que generan sustanciales ingresos, es, además de irreal, es injusta para los asalariados y para los pequeños y medianos empresarios puertorriqueños. También sería inefectiva en reactivar la economía puertorriqueña. A tales fines sugiero un enfoque similar al que está proponiendo el Presidente Barack Obama, que dirige los alivios contributivos a la clase asalariada y a los pequeños y medianos empresarios estableciendo un tope en los ingresos exentos.
También es una falsedad el que la llamada reforma contributiva ahorrará a los contribuyentes 220 millones de dólares durante su primer año de vigencia. Ese estimado contrasta con los 12 impuestos especiales de la Ley 7 que le están quitando a los contribuyentes puertorriqueños entre los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011, sobre 830 millones de dólares más de lo que pagaban en contribuciones para el año fiscal 2008-2009.
Bajo sus propia propuesta de alivios contributivos, la administración Fortuño ya está por debajo de hacerle justicia a los contribuyentes en alrededor de 610 millones de dólares.  Por eso, hablar de una reducción de 46% en lo que el contribuyente promedio pagará no es real.
La administración de Luis Fortuño, no ha podido explicar cómo pretenden aprobar reducciones en todas las tasas contributivas, sin afectar los recaudos que necesita el Gobierno para operar los servicios esenciales.
Tal y como lo dijimos en la discusión presupuestaria, los recaudos del Gobierno siguen mermando, a razón de 100 millones de dólares al mes (según los informes oficiales de recaudos para los dos primeros meses del año fiscal), por lo que los estimados de recaudos para el presupuesto vigente no se van a cumplir. Si esa tendencia continúa, el presupuesto vigente puede estar descuadrado por mil millones de dólares  Eso quiere decir que para dar alivios por 220 millones, habrá que despedir más empleados públicos, recortar más servicios, tomar prestado contra el crédito frágil del país, o una combinación de las tres.
Por otro lado, el IVU ha fracasado en captar los recaudos proyectados, y que la expectativa de que el IVU Loto recaudará 400 millones de dólares anuales es fantasiosa ya que las transacciones en efectivo seguirán escapándose.
La mitad de los recaudos del IVU nunca llega a Hacienda.  La IVU Loto no alterará drásticamente eso.  Por ello, se debe ponderar la sustitución del IVU por el IVA (Impuesto al Valor Añadido), que por su propia naturaleza, tiene un mayor poder de captación. Lo que hay que hacer es asegurarse que en el diseño del IVA el costo total de del precio al consumidor individual no exceda el por ciento de tributación actual. Esto se puede hacer ya que al aumentar sustancialmente el nivel de captación del impuesto, a través de la cadena de distribución, podríamos bajar el por ciento del impuesto.
También se tiene que reconocer que otras dos leyes recientes han fracasado en reactivar la economía y aumentar la base de los contribuyentes. Estas son la Ley de Incentivos Industriales y las enmiendas a la Ley de Cierre. Conjuntamente con la reforma, se deben revisar ambas leyes para derogar los beneficios que no han redundado en generación de empleos o en verdadero crecimiento económico. En el sector de la tributación corporativa se debe concentrar el beneficio en las empresas autóctonas, las cuales crean y mantienen empleos en el país. Por ello, propongo que se debe replicar en otros sectores empresariales el tratamiento contributivo otorgado a la Cervecera de Puerto Rico, que produce la cerveza Medalla,  para que así pueda beneficiar directamente a nuestra economía.
En el caso particular de las megatiendas comerciales que sacan sus gananciales del país, sólo crean empleos a tiempo parcial y de baja remuneración, y sin beneficios marginales, su tasa contributiva debe ser mayor a las demás empresas que sí crean desarrollo económico en Puerto Rico.
Por último, este proceso de aprobación de una reforma contributiva, tiene que ser uno inclusivo y que conlleve un amplio diálogo entre todos los sectores del país. El resultado del mismo tiene que ser producto de las aportaciones de empresarios, sindicatos, grupos profesionales, estudiantes, las comunidades, organizaciones políticas y de la sociedad civil. Es la única forma de producir el consenso que necesita el país para retomar el camino del progreso económico y la justicia social para todos.