San Juan, PR – Organizaciones y ciudadanos pertenecientes a la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) radicaron una demanda en el Tribunal Apelativo para invalidar el nuevo plan aprobado por el Presidente de la Junta de Planificación (JP), Rubén Flores Marzán y el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, y en el cual dejaron sin protección más de 450 cuerdas de esta área designadas previamente como reserva natural para permitir su urbanización, incluyendo otros terrenos en la falda de El Yunque.

"Luego de un proceso injusto y atropellante en el que la Junta y el Secretario del DRNA obstaculizaron la participación pública, y tras aprobar un plan sin la preparación de una declaración de impacto ambiental, así como contrario a las recomendaciones de agencias federales, recurrimos a los jueces del Tribunal Apelativo para que hagan valer el interés público invalidando el plan aprobado para el Corredor y otros terrenos en la falda del Yunque", señaló Carmen Guerrero Pérez, quién es una de las demandantes, así como planificadora ambiental de

Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), organización perteneciente a la Coalición.

Guerrero Pérez, quién es también asesora en turismo sostenible, informó que entre los errores o ilegalidades cometidos por la JP y el DRNA se encuentran no haber hecho disponible el borrador del plan en todos los lugares anunciados oficialmente previo a las vistas públicas celebradas en febrero pasado, lo que impidió la participación efectiva de la ciudadanía. Una vez celebrada la vista, no se permitió a todos los ciudadanos deponer por falta de tiempo ante las más de 500 personas que asistieron. A pesar de que la oficial examinadora de la JP a cargo de la vista se comprometió a solicitar la celebración de una segunda vista, esto nunca ocurrió.

En cuanto al plan en si, la Coalición impugnó la eliminación de más de 450 cuerdas en el CEN que habían estado protegidas anteriormente como reserva natural, y que tanto la JP y el DRNA habían reconocido como de gran valor ecológico en el pasado. Tanto el Servicio Forestal Federal (USFS), el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS), y el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico expresaron su objeción a la eliminación de dichos terrenos ya que ocasionarían la fragmentación del Corredor, sumándose de esta manera a las críticas hechas por la Coalición.

En sus comentarios al plan, el USFS señaló que las colinas en el CEN cerca a la costa y cuya conservación fue eliminada por la JP y el DRNA "son el componente menos protegido del paisaje en todo Puerto Rico, nuestros científicos indican que estas colinas tienen relevancia global. La propuesta no protege estos elementos. Se trata de un grave defecto." El USFWS indicó por su parte que continúan muy preocupados por los impactos directos, indirectos y cumulativos que los proyectos residenciales permitidos por el plan ocasionarían sobre los recursos de vida silvestre pertenecientes al Corredor y terrenos adyacentes. A pesar de estos y otros impactos significativos, la JP ni el DRNA prepararon una Declaración de Impacto Ambiental.

Las áreas eliminadas ahora del Corredor por la administración Fortuño coinciden con aquellas que han estado amenazadas por la propuesta construcción de los proyectos residenciales-turísticos Dos Mares Resort (llamado ahora, Tinglar Bay Resort & Spa), el San Miguel Resort, Paradise Found Villas y Seven Seas Resort, y el centro comercial Playa Azul Center. El nuevo plan facilitaría al sur del Corredor, en la falda de El Yunque, la construcción del proyecto Costa Verde, con más de 740 residencias y apartamentos, y una de las fases del proyecto Los Paisajes, conocida también como Proyecto Residencial Turístico Pitahaya, con 209 residencias, 100 habitaciones de hotel, y más de 150,000 pies2 de espacio comercial entre ambos. El actual Secretario del DRNA trabajó anteriormente como consultor de este último proyecto.

El Lcdo. Pedro Saadé Llorens, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y los licenciados Verónica González y Luis José Torres Asencio, de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), son los representantes legales de la Coalición.

La Reserva Natural del CEN fue derogada en un acto sin precedente por el Gobernador Luis Fortuño en octubre de 2009, a pesar que dicha iniciativa ha contado con apoyo tripartita en el pasado. La Coalición, junto a numerosos sectores de la sociedad, han promovido su protección como reserva natural junto a su desarrollo basado en actividades relacionadas al ecoturismo y el turismo de naturaleza por los pasados 10 años, lo que ayudaría a fortalecer la economía del noreste de la Isla.