San Juan, PR – La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) solicitará al Tribunal Apelativo (TA) que reconsidere su decisión de no anular la orden ejecutiva firmada por el Gobernador Luis Fortuño en octubre de 2009, en la que eliminaba la protección de esta área como reserva natural. Según la Coalición, la orden ejecutiva estuvo basada en alegaciones falsas hechas en una resolución adoptada por la Junta de Planificación (JP), y sin la preparación de una declaración de impacto ambiental, por lo que debería ser invalidada. La orden ejecutiva instruía también a la JP y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a redefinir los límites y usos a permitirse en esta área de gran valor natural. 

"La JP expuso que la designación de la reserva natural se había hecho de forma defectuosa, entre otras razones, porque no se había evaluado científicamente el valor de los terrenos del CEN. Esta alegación es absurda, puesto que tanto esta agencia como el DRNA no solo han estudiado y reconocido la importancia ecológica del Corredor, sino que también han recomendado, incluso con el endoso de agencias federales, su protección en numerosas ocasiones desde la década de 1970," señaló Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental, y miembro de la Coalición.

En la resolución de la JP que dio pie a la eliminación de la Reserva Natural del CEN, la agencia trató de justificar esta acción indicando que aunque la pasada administración había publicado un aviso público cuando se designaron los terrenos del CEN como reserva en el 2008, no se había notificado a todos los dueños de terrenos en esta zona directa e individualmente.

"La JP nunca ha exigido esto para ninguna otra reserva natural en la Isla, y lo que es más, la agencia tampoco lo ha hecho al presente como parte de su propuesta para redefinir los límites del Corredor bajo la mal llamada "Gran Reserva del Noreste". Dado a que el Tribunal no emitió juicio sobre ninguno de estos errores que habíamos llevado ante su atención, confiamos que así lo hará como parte de nuestra reconsideración," indicó Rivera Herrera.

La sentencia del TA concluyó además que no era necesaria la preparación de una declaración de impacto ambiental (DIA) para que fuera válida la orden ejecutiva firmada por el Gobernador Fortuño, puesto que no existe dicho requisito para establecer nuevos límites o designar reservas naturales.

"Nuestro cuestionamiento va dirigido, en cambio, a que la JP tenía el deber constitucional de evaluar los impactos ambientales de eliminar la reserva, lo que hubiera ayudado a evitar que tanto la agencia como el Gobernador hubieran tomado una decisión basada en premisas erróneas", explicó por su parte el Lcdo. Pedro Saadé Llorens, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, uno de los integrantes del equipo legal que representa a los miembros de la Coalición en este foro judicial.

El nuevo plan propuesto por el gobierno para la región del CEN y que persigue dejar sin protección cerca de 500 cuerdas, ha estado plagado de numerosas irregularidades. Estas incluyen la otorgación por parte del gobierno de una opción a los proponentes del proyecto Dos Mares Resort, bajo el nombre de Tinglar Bay Resort & Spa, para la compra de terrenos públicos en el Corredor, aun cuando el plan no ha sido finalizado.

La Coalición también ha denunciado la participación exclusiva de los proponentes de este y otros proyectos residenciales-turísticos propuestos para esta zona en un estudio de la Compañía de Turismo que sirvió de base al nuevo plan, asi como la intervención del Secretario del DRNA, Daniel Galán Kercadó, quién antes de ocupar dicha posición, había sido consultor para algunos de estos y otros empresarios con proyectos propuestos en el CEN y en la falda del Yunque, y que resultarían beneficiados con los nuevos planes del gobierno para esta zona. Tanto el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, el Servicio Forestal Federal, entre otras entidades, han expresado sus objeciones a dicha propuesta.